Veolia ha presentado una guía orientada a facilitar la incorporación de plástico reciclado en la contratación pública en España, desarrollada junto a la Universidade da Coruña y ANARPLA. Esta herramienta proporciona criterios técnicos y jurídicos que permiten a las administraciones incluir materiales reciclados en los pliegos de licitación, con el objetivo de reforzar la demanda y avanzar en los objetivos europeos de economía circular. La iniciativa se apoya en el peso estratégico de la compra pública, que representa alrededor del 14% del PIB de la Unión Europea, como palanca para incrementar la circularidad.

El documento ofrece soluciones prácticas para superar barreras existentes, mediante requisitos ambientales listos para aplicar y una estructura basada en ocho fichas sectoriales, además de dos niveles de ambición adaptables. La guía busca consolidar el mercado del reciclaje actuando sobre la demanda, promoviendo el papel de las administraciones como motor del cambio y estableciendo un marco de aplicación progresiva que permita su actualización continua conforme evolucione el sector.

La adopción de inteligencia artificial aplicada a la sostenibilidad en las empresas españolas sigue siendo limitada. Según el Barómetro de Compras Sostenibles 2026 de EcoVadis y Accenture, solo un 4,1% de las compañías la utiliza de forma generalizada, mientras que un 38,8% aún no la emplea ni prevé hacerlo a corto plazo, lo que evidencia una brecha digital relevante en las cadenas de suministro. El informe señala que, aunque las compras sostenibles ganan peso como herramienta estratégica, su principal impulso sigue vinculado al cumplimiento normativo, la reputación y la reducción de riesgos.

No obstante, las empresas más avanzadas comienzan a orientar la sostenibilidad hacia la innovación y la creación de valor, considerando en su mayoría que esta aporta más retorno que el mero cumplimiento regulatorio. El estudio también destaca el papel creciente de los departamentos de compras en iniciativas de economía circular y eficiencia de recursos, así como el impacto de las disrupciones en las cadenas de suministro. En este contexto, persisten retos importantes como la desigual adopción de la IA entre empresas y proveedores y las dificultades para garantizar la trazabilidad de los datos ESG, mientras las prioridades globales se centran en la descarbonización, las condiciones laborales y la circularidad.

El Cabildo de Tenerife ha iniciado las obras de construcción de un nuevo Punto Limpio en Tegueste, una infraestructura con una inversión de 778.000 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Este será el primer punto limpio ubicado en la comarca nordeste de la isla y tiene como objetivo facilitar la recogida selectiva de residuos, acercando este servicio a la ciudadanía y fomentando prácticas más sostenibles.

La instalación se integrará en la red insular de puntos limpios y busca mejorar la gestión de residuos, evitar vertidos incontrolados y promover la economía circular. Además, permitirá a los vecinos de la comarca depositar sus residuos sin necesidad de desplazarse a otras zonas, contribuyendo así a una mayor eficiencia en el reciclaje y al refuerzo de la cultura medioambiental en la isla.

La nueva edición de la norma ISO 14001:2026 refuerza el marco internacional para la gestión ambiental, ofreciendo a las organizaciones una herramienta más clara, eficaz y alineada con las exigencias actuales de sostenibilidad. Sin modificar su estructura esencial, la actualización mejora la usabilidad, la integración con otros sistemas de gestión y pone el foco en resultados medibles, respondiendo a un contexto en el que la responsabilidad ambiental se evalúa por el impacto real y no solo por compromisos declarativos.

La norma incorpora una mayor atención a aspectos clave como el cambio climático, la biodiversidad y la eficiencia de los recursos, además de fortalecer la gobernanza y el liderazgo organizacional. Asimismo, estudios recientes evidencian que su adopción contribuye a la reducción de emisiones, lo que refuerza su papel como herramienta estratégica para avanzar hacia economías más sostenibles, resilientes y basadas en datos.

La Comisión Europea ha presentado su Estrategia de Igualdad de Género 2026-2030, con el objetivo de integrar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida pública y privada en la Unión Europea. El plan aborda tanto los avances logrados en la última década como las brechas que persisten entre Estados miembros, en un contexto en el que el ritmo actual de progreso haría necesario alrededor de 50 años para alcanzar la plena igualdad. 

La estrategia refuerza la acción comunitaria en áreas como la lucha contra la violencia de género, incluyendo nuevas medidas frente a la violencia digital, la mejora de la participación femenina en la economía, la reducción de las brechas salariales y de pensiones, y el impulso de la igualdad en política y ciencia. También incorpora por primera vez la salud como ámbito específico y promueve la colaboración con la World Health Organization. Entre otras iniciativas, se prevén acciones sobre transparencia salarial, acceso a financiación para mujeres emprendedoras y regulación tecnológica vinculada a la protección en línea bajo el marco del Digital Services Act.

Las nuevas normas internacionales ISO 22095-2 e ISO 22095-3 refuerzan la fiabilidad de las declaraciones de sostenibilidad en un contexto de cadenas de suministro globales cada vez más complejas. Estas herramientas buscan garantizar la trazabilidad de materiales y atributos ambientales, un aspecto clave ante la creciente presencia de productos con promesas ecológicas. La falta de mecanismos homogéneos de verificación había generado dudas sobre la credibilidad de estas afirmaciones, especialmente cuando los materiales atraviesan múltiples procesos y mercados.

Las nuevas directrices introducen criterios comunes para dos modelos ampliamente utilizados: el balance de masa y los certificados negociables. Con ello, se establecen reglas claras para contabilizar, transferir y comunicar atributos sostenibles, evitando errores o duplicidades. Este avance contribuye a mejorar la transparencia, facilitar el comercio internacional y consolidar un marco técnico más robusto para la sostenibilidad, apoyando tanto a empresas como a organismos reguladores en la validación de sus compromisos ambientales.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dado el primer paso para implantar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con la aprobación del borrador inicial de la ordenanza que regulará su funcionamiento. Esta medida, orientada a reducir la contaminación y las emisiones de CO₂, contempla restricciones progresivas al tráfico en el centro urbano. No obstante, su aplicación efectiva no se producirá hasta 2029, ya que se ha previsto un periodo de adaptación que incluye plazos para el registro de vehículos y la implantación de sanciones.

La iniciativa forma parte de un programa integral de movilidad sostenible financiado con fondos europeos, que incluye también la incorporación de guaguas eléctricas, infraestructuras de recarga y la mejora del espacio urbano. El documento será sometido a aprobación plenaria y posteriormente a exposición pública, incorporando aportaciones ciudadanas antes de su validación definitiva. El objetivo es avanzar hacia un modelo urbano más saludable, reduciendo emisiones, ruido y fomentando el transporte público.

Un estudio basado en más de 800 empresas cotizadas de la Unión Europea revela un nivel insuficiente de transparencia ambiental, ya que las compañías apenas divulgan alrededor del 20% de la información que podrían incluir en sus informes. Aunque la normativa europea sobre información no financiera impulsó avances entre 2018 y 2021, el progreso se estancó en 2022, evidenciando límites en la eficacia de la regulación y una brecha relevante entre las exigencias teóricas y la práctica empresarial.

El análisis también señala diferencias significativas según el tamaño, el sector y el contexto cultural de las empresas, siendo las grandes corporaciones y las más contaminantes las que tienden a informar más debido a una mayor presión social y regulatoria. Esta falta de información homogénea genera incertidumbre en inversores y dificulta evaluar el impacto real sobre el medio ambiente, lo que sitúa la mejora de la transparencia como un desafío clave para avanzar hacia una economía más sostenible en Europa.

El Gobierno de Canarias ha impulsado un encuentro entre productores y demandantes de combustible sostenible de aviación (SAF) para evaluar su viabilidad en el archipiélago, en un contexto marcado por la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles. La iniciativa, liderada por las consejerías de Transición Ecológica y Energía, y de Turismo y Empleo, junto al Comisionado del REF y ECODES, busca avanzar hacia un modelo energético más sostenible, reforzar la conectividad aérea, promover la industrialización local y generar empleo. Se destacó que Canarias concentra cerca del 17% del consumo nacional de queroseno, lo que subraya la relevancia estratégica de desarrollar alternativas sostenibles que fortalezcan la resiliencia energética de la región.

Durante la jornada se analizaron diferentes rutas tecnológicas para producir SAF en las islas, incluyendo AtJ, gasificación, PtL o biogas-to-jet, así como el potencial de aprovechar residuos locales como recurso energético. Se enfatizó la importancia de los instrumentos de financiación verde, como Innovation Fund, InvestEU o Horizonte Europa, para facilitar proyectos sostenibles y competitivos. La participación de técnicos gubernamentales, aerolíneas, productores y asociaciones industriales permitió consolidar un marco de cooperación intersectorial, reforzando el compromiso de Canarias con una transición energética justa, la economía circular y un turismo más sostenible.