Solo el 14% de los 300 pliegos de contratación pública analizados por el Observatorio de Construcción Sostenible en las AAPP incorpora al menos la mitad de los 28 criterios de sostenibilidad evaluados, mientras que apenas el 2% de las entidades alcanza el nivel considerado de sostenibilidad integral. Los criterios ambientales concentran el 63% de las cláusulas, frente al 25% de gobernanza y el 13% de aspectos sociales. Entre los ambientales destacan la gestión de residuos, la adaptación de las obras al entorno, las energías renovables y la eficiencia energética.

El informe señala la necesidad de avanzar hacia una contratación más equilibrada y medible, con mayor atención a materiales, agua, emisiones, certificaciones ambientales y al impacto de todo el ciclo de vida de los edificios. También reclama mejorar la trazabilidad y supervisión de los compromisos ESG mediante objetivos cuantificables e indicadores verificables, así como reforzar los criterios sociales y de gobernanza para que la sostenibilidad se traduzca en resultados efectivos durante la ejecución de los contratos.